Para proteger a los inquilinos, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)establece que cualquier incremento en el alquiler de viviendas debe ser notificado con al menos 30 días de antelación. Esta medida garantiza que los arrendatarios puedan evaluar y aceptar o rechazar la subida dentro de los plazos legales, evitando incrementos arbitrarios.

La normativa también obliga a los propietarios a formalizar y justificar los ajustes de renta de acuerdo con los índices pactados en el contrato, como el IPC en los contratos anteriores a mayo de 2023 o el Índice de Referencia de Arrendamientos en los posteriores. De esta manera, se fomenta la transparencia y la seguridad jurídica en el alquiler de viviendas, protegiendo a los inquilinos y al mismo tiempo respetando los derechos de los propietarios.

Se estima que en el próximo año más de 630.000 contratos de alquiler de viviendas llegarán a su vencimiento, lo que hace crucial la aplicación de estas medidas para garantizar un equilibrio entre oferta, demanda y protección legal.